La ordenación urbanística y la seguridad, seguidas por la fiscalidad, especialmente la vinculada a recargos impositivos a los turistas, son los ámbitos que, de manera menos favorable, valoraron en el 2003 los empresarios turísticos en algunas autonomías. No obstante, se aprecia una mejora generalizada en la percepción de esas mismas actuaciones públicas cuando se compara con la opinión de los últimos tres trimestres del 2002.

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